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INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DAÑO MORAL

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DAÑO MORAL

En 2006 fue creada la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Además de regular la protección a los derechos de la personalidad –como a la vida privada, al honor y la propia imagen–, esta ley introdujo las novedosas figuras jurídicas denominadas patrimonio moral y malicia efectiva.

A escasos meses de la publicación de esta ley (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 19 de mayo de 2006), una persona pública demandó, a través de Bufete Rocha, la afectación sufrida en su patrimonio moral –derecho a la vida, honor e imagen–, también llamado daño moral en el Código Civil de la Ciudad de México. Esto se hizo a la luz del artículo 6 constitucional, el cual garantiza el derecho a la libertad de expresión de las ideas. 

Debido a lo novedoso de dicha ley, su estudio y aplicación fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta determinó que debido a que la persona que demandó era una figura pública, tiene mayor resistencia en los derechos de la personalidad que cualquier particular.
CRITERIOS RELACIONADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RESPONSABILIDAD POR INVASIONES AL HONOR DE FUNCIONARIOS U OTRAS PERSONAS CON RESPONSABILIDADES PÚBLICAS SÓLO PUEDE DARSE BAJO CIERTAS CONDICIONES, MÁS ESTRICTAS QUE LAS QUE SE APLICAN EN EL CASO DE EXPRESIONES O INFORMACIONES REFERIDAS A CIUDADANOS PARTICULARES.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.
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DERECHO A LA INTIMIDAD O VIDA PRIVADA. NOCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, COMO CONCEPTO LEGITIMADOR DE LAS INTROMISIONES SOBRE AQUÉL.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.
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DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.
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INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4 CONSTITUCIONAL (COMPETENCIA PERDIDA DE LA PATRIA PROTESTAD)

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL (COMPETENCIA PERDIDA DE LA PATRIA PROTESTAD)

Éste fue un juicio de pérdida de la patria potestad promovido por la madre. El hijo es de nacionalidad mexicano-americana. El padre había incumplido las obligaciones alimentarias pactadas en un convenio de divorcio aprobado por sentencia dictada por un juez del estado de Texas, Estados Unidos. En este caso fue necesario resolver qué juez era competente para conocer el juicio: o el del domicilio del padre en el estado de Texas –donde se dictó la sentencia– o el del domicilio del menor y de la madre, en la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en definitiva, la competencia a favor del juez de la Ciudad de México, atendiendo a que el menor lleva viviendo varios años en esta ciudad –sin que el padre haya desvirtuado ese hecho–, considerando esto como el mayor beneficio para el menor, pues si fuera necesario comparecer a juicio no se podría fijar competencia sobre un juez extranjero y esto significaría un trastorno en la vida cotidiana del menor, quien incumpliría sus obligaciones escolares regulares, así como las responsabilidades propias de su edad. Esto fue una correcta interpretación del principio del interés superior del menor previsto en el artículo 4 constitucional y el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño.
CRITERIOS ASUNTO PÉRDIDA PATRIA POTESTAD
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.
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INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO.
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PATRIA POTESTAD. EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O INSUFICIENTE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA SIN CAUSA JUSTIFICADA POR MÁS DE NOVENTA DÍAS GENERA SU PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 444, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2004).
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PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA POR MÁS DE DOS MESES. LA GRAVEDAD DE ESA MEDIDA ESTÁ JUSTIFICADA POR EL MANDATO DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES Y SU INTERÉS SUPERIOR (ARTÍCULO 4.224, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO).
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PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.
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