INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61 CONSTITUCIONAL

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61 CONSTITUCIONAL

La autoridad consideró que un diputado federal no puede ser demandado por encontrarse cobijado por el derecho de inviolabilidad de las opiniones de los legisladores, que consagra el artículo 61 constitucional. Como consecuencia de esto, Bufete Rocha presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de revisión, en que se realizara una interpretación directa del artículo 61 constitucional.

Dicho recurso trató de determinar si la participación de un representante de un partido político en el Consejo General del Instituto Federal Electoral constituye una actividad legislativa. Es decir, si durante esa participación el individuo se encontraba desempeñando el cargo de diputado federal o era un ciudadano representando a su partido político.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la única y exclusiva finalidad con la que se creó la inmunidad parlamentaria o legislativa fue para proteger a los diputados y senadores que se encuentren en el desempeño de sus funciones como legisladores, no actuando como ciudadanos o particulares. Es decir, la participación en un proceso electoral ante el Instituto Federal Electoral se encuentra expresa y contundentemente diferenciada de la participación en el el Poder Legislativo, pues nuestra constitución individualiza a todos y cada uno de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, diferenciando expresamente a los consejeros del Poder Legislativo (legisladores) de los representantes de los partidos políticos (ciudadanos), así como diferenciando su designación: los primeros son nombrados por los grupos parlamentarios de las Cámaras y los segundos son nombrados por sus propios partidos políticos.
CRITERIOS RELACIONADOS
INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. SÓLO PROTEGE LAS OPINIONES EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN PARLAMENTARIA.
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INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. LAS OPINIONES EMITIDAS POR UN LEGISLADOR CUANDO NO DESEMPEÑA LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA, AUNQUE HAYA INTERVENIDO EN UN DEBATE POLÍTICO, NO ESTÁN PROTEGIDAS POR AQUEL RÉGIMEN.
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INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. LAS OPINIONES EMITIDAS POR LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PUEDEN SER MATERIA DE JUICIO, PUES DICHA FIGURA NO SE JUSTIFICA EN ELLOS.
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INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. LA CALIFICACIÓN Y LA CONSECUENTE SANCIÓN POR LAS OPINIONES QUE PUDIERAN CONSIDERARSE OFENSIVAS O INFAMANTES, O DE CUALQUIER FORMA INADMISIBLES, EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA, CORRESPONDEN AL PRESIDENTE DEL ÓRGANO LEGISLATIVO RESPECTIVO.
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INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONCUBINATO (CONCUBINATO Y SOCIEDAD CIVIL)

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONCUBINATO (CONCUBINATO
Y SOCIEDAD CIVIL)

Mediante recurso de revisión interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bufete Rocha impugnó la inconstitucionalidad de una tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito. Esta tesis se denomina: ‘Concubinato. La inexistencia de un régimen patrimonial no impide la liquidación de los bienes y derechos adquiridos por el trabajo común de los concubinos, mediante las reglas de la sociedad civil’.

Si la ley y la jurisprudencia no reconocen algún régimen patrimonial en el concubinato, ni encuentran que pueda ser aplicada alguna figura análoga, es inconstitucional que un juzgador aplique, o pretenda aplicar, una figura jurídica que no pertenece a concubinato y que regula una situación entre particulares revestida de requisitos y formalidades esenciales como es la sociedad civil. 

Además, la aplicación de la tesis mencionada se contrapone a lo establecido en la jurisprudencia de observancia obligatoria denominada ‘Concubinato’. Como no existe régimen patrimonial dentro de esta figura jurídica, cuando se plantea la liquidación de los bienes incorporados o adquiridos en dicha relación, ésta no se rige por ninguno de los regímenes patrimoniales del matrimonio (en la legislación del Distrito Federal), la cual debe prevalecer porque tiene el carácter de jurisprudencia sobre cualquier tesis aislada.

La inconstitucionalidad deriva de la violación a lo dispuesto en los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, al equiparar el concubinato a una sociedad civil, se deja de otorgar certeza jurídica a las personas en los términos expresados en la ley.
CRITERIOS RELACIONADOS

CONCUBINATO. LA INEXISTENCIA DE UN RÉGIMEN PATRIMONIAL, NO IMPIDE LA LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR EL TRABAJO COMÚN DE LOS CONCUBINOS, MEDIANTE LAS REGLAS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
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INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DAÑO MORAL

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DAÑO MORAL

En 2006 fue creada la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Además de regular la protección a los derechos de la personalidad –como a la vida privada, al honor y la propia imagen–, esta ley introdujo las novedosas figuras jurídicas denominadas patrimonio moral y malicia efectiva.

A escasos meses de la publicación de esta ley (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 19 de mayo de 2006), una persona pública demandó, a través de Bufete Rocha, la afectación sufrida en su patrimonio moral –derecho a la vida, honor e imagen–, también llamado daño moral en el Código Civil de la Ciudad de México. Esto se hizo a la luz del artículo 6 constitucional, el cual garantiza el derecho a la libertad de expresión de las ideas. 

Debido a lo novedoso de dicha ley, su estudio y aplicación fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta determinó que debido a que la persona que demandó era una figura pública, tiene mayor resistencia en los derechos de la personalidad que cualquier particular.
CRITERIOS RELACIONADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RESPONSABILIDAD POR INVASIONES AL HONOR DE FUNCIONARIOS U OTRAS PERSONAS CON RESPONSABILIDADES PÚBLICAS SÓLO PUEDE DARSE BAJO CIERTAS CONDICIONES, MÁS ESTRICTAS QUE LAS QUE SE APLICAN EN EL CASO DE EXPRESIONES O INFORMACIONES REFERIDAS A CIUDADANOS PARTICULARES.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.
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DERECHO A LA INTIMIDAD O VIDA PRIVADA. NOCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, COMO CONCEPTO LEGITIMADOR DE LAS INTROMISIONES SOBRE AQUÉL.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.
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DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.
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INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8VO CONSTITUCIONAL (DERECHO DE PETICIÓN)

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL (DERECHO DE PETICIÓN)

Un particular utilizó el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional para intentar revocar el registro de un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones, por adjudicación directa, para construir, operar y explotar una terminal de uso particular en el puerto de Altamira. Bufete Rocha presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación recurso de revisión para que determinara si el derecho de petición alcanza o sustituye a los recursos administrativos que las leyes aplicables a la materia (Ley y Reglamento de Puertos) señalan para tales efectos. En dicho recurso se debía estudiar e interpretar el alcance y naturaleza jurídica del derecho de petición, en virtud que la Ley de Puertos y su Reglamento restringen el momento y la forma en que se debe iniciar un procedimiento de revocación del registro de un contrato de cesión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el ejercicio de una petición pretende obtener una respuesta concreta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que los recursos administrativos son impugnaciones a la legalidad de los actos de autoridad, que se encaminan a conseguir su nulidad o modificación. Es decir, el derecho de petición no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos a nivel legal o reglamentario para la atención de ciertas materias, ni puede constituirse como un medio paralelo para la revisión de determinaciones administrativas. De esta forma, un derecho de petición no es condición suficiente para justificar la actuación de la autoridad administrativa en supuestos no previstos en las leyes que la rigen.

En conclusión, si la ley de la materia –en este caso, la Ley y el Reglamento de Puertos– establece los supuestos para inconformarse en contra de una asignación de contrato y su registro, señalando el recurso idóneo para hacerlo, no se puede pretender que el derecho de petición modifique o revierta la asignación y registro de un contrato de cesión.
CRITERIOS RELACIONADOS
PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA.
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CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN.
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PETICIÓN. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO.
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INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4 CONSTITUCIONAL (COMPETENCIA PERDIDA DE LA PATRIA PROTESTAD)

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL (COMPETENCIA PERDIDA DE LA PATRIA PROTESTAD)

Éste fue un juicio de pérdida de la patria potestad promovido por la madre. El hijo es de nacionalidad mexicano-americana. El padre había incumplido las obligaciones alimentarias pactadas en un convenio de divorcio aprobado por sentencia dictada por un juez del estado de Texas, Estados Unidos. En este caso fue necesario resolver qué juez era competente para conocer el juicio: o el del domicilio del padre en el estado de Texas –donde se dictó la sentencia– o el del domicilio del menor y de la madre, en la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en definitiva, la competencia a favor del juez de la Ciudad de México, atendiendo a que el menor lleva viviendo varios años en esta ciudad –sin que el padre haya desvirtuado ese hecho–, considerando esto como el mayor beneficio para el menor, pues si fuera necesario comparecer a juicio no se podría fijar competencia sobre un juez extranjero y esto significaría un trastorno en la vida cotidiana del menor, quien incumpliría sus obligaciones escolares regulares, así como las responsabilidades propias de su edad. Esto fue una correcta interpretación del principio del interés superior del menor previsto en el artículo 4 constitucional y el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño.
CRITERIOS ASUNTO PÉRDIDA PATRIA POTESTAD
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.
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INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO.
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PATRIA POTESTAD. EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O INSUFICIENTE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA SIN CAUSA JUSTIFICADA POR MÁS DE NOVENTA DÍAS GENERA SU PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 444, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2004).
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PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA POR MÁS DE DOS MESES. LA GRAVEDAD DE ESA MEDIDA ESTÁ JUSTIFICADA POR EL MANDATO DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES Y SU INTERÉS SUPERIOR (ARTÍCULO 4.224, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO).
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PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.
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INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL (IMPUTABILIDAD DE LA HUELGA)

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL (IMPUTABILIDAD DE LA HUELGA)

Un sindicato inició una huelga que se prolongó varios años. La empresa buscó llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto pero esto no se logró; más aún, la organización se abstuvo de someter el conflicto ante las autoridades. Estas circunstancias obligaron a la empresa a acudir ante la autoridad del trabajo para iniciar el procedimiento para determinar la imputabilidad de la huelga (fundamento: artículos 469, fracción IV, y 937 en relación con el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo). La autoridad indicó que el patrón no tenía derecho para someter el conflicto obrero-patronal al arbitraje, pues de acuerdo con los preceptos invocados éste era un derecho de los trabajadores. La empresa consideró inconstitucionales dichas disposiciones, y decidió promover un amparo indirecto. Un juez de distrito concedió a su vez el amparo a la empresa, lo que derivó en que el sindicato promoviera recurso de revisión. La revisión fue turnada a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta sala resolvió el recurso confirmando la sentencia del juez distrito y profundizando sus argumentos. Consideró que se debía fijar un criterio que explicara la relación entre la garantía de audiencia (artículo 14 constitucional) y la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 17 constitucional). Señaló que ambos protegen la seguridad jurídica ante los tribunales, al poder ser oídos y tener acceso a ellos. Este vínculo puede entenderse así: si a una persona se le impide el acceso a los tribunales, entonces esa persona no podrá ser escuchada. De esta manera, se confirmó la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley Laboral, que no permitía la igualdad de derechos del trabajador y el patrón, pues se limitaba el acceso de este último a los tribunales. En un conflicto de huelga se busca el equilibrio entre los factores de producción; este equilibrio es imposible si no se permite al patrón tener acceso a la justicia y a ser oído, tal como a los trabajadores. Esta resolución ha quedado como un precedente para futuros casos.

CRITERIOS EN LOS QUE LA SCJN SUSTENTÓ LA SENTENCIA EN EL AMPARO EN REVISIÓN DEL ASUNTO LABORAL
HUELGA, EL CRITERIO DE QUE EL ARTICULO 924 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES VIOLATORIO DE LOS ARTICULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES, ES APLICABLE AUN EN EL CASO DE QUE HAYA ESTALLADO LA, PESE A LA ACCION OTORGADA POR EL ARTICULO 929 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
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HUELGA, SUSPENSION DE EJECUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMPLAZAMIENTO A. EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 453 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIOLA EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL
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HUELGA, SUSPENSION DE EJECUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMPLAZAMIENTO A. EL ARTICULO 453, PARRAFO TERCERO, DEROGADO, ACTUAL 924, PARRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES INCONSTITUCIONAL.
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AMPARO CONTRA LEYES. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CUANDO SE OTORGA EN RELACIÓN CON EL SUPUESTO NORMATIVO REPRODUCIDO EN PRECEPTOS LEGALES DISTINTOS DEL RECLAMADO.
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